EL EINF O ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

El Estado de Información No Financiera (EINF) es un informe de gestión de la empresa o grupo de empresas en el que se aporta información sobre cuestiones medioambientales, de personal y derechos humanos, diligencia debida y sostenibilidad.

La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, modificó el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, que transpone la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera y diversidad. Esta Ley es la que regula los Estados de Información No Financiera, impulsando la transparencia y el compromiso social de las empresas y obligándolas a dar más información.

La información no financiera engloba la información necesaria para comprender la evolución, los resultados, la situación de la empresa. Incluye el impacto de su actividad respecto a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal.

Las empresas obligadas a presentar el EINF son aquellas que por su volumen y actividad tienen un mayor impacto sobre la economía, la justicia social y el medio ambiente. Las sociedades que formen parte del ámbito de aplicación del TRLSC con más de 250 trabajadores y que, o bien tengan la consideración de entidades de interés público, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan alguno de estos requisitos tendrán la obligación de presentar el EINF:

• Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros.
• Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros.

El plazo para ello es de 6 meses desde la fecha de finalización del ejercicio financiero y deberá estar publicado durante 5 años.

Y ¿QUÉ INFORMACIÓN NO FINANCIERA DEBE PRESENTARSE?

La finalidad es que las sociedades, entre otra información de carácter social, incluyan información ambiental. Hasta el momento, la Ley 11/2018 establece que dentro de la información no financiera que deben presentar las empresas, se incluya información detallada sobre los efectos actuales y previsibles que sus actividades puedan tener en el medio ambiente, sobre la salud y la seguridad. También se incluirán los procedimientos de evaluación o certificación ambiental, los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales, la aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales. Además, indica las siguientes pautas a modo de guía:

• Contaminación: medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica específica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica.
• Economía circular y prevención y gestión de residuos: medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos; acciones para combatir el desperdicio de alimentos.
• Uso sostenible de los recursos: el consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales; consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso; consumo, directo e indirecto, de energía, medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.
• Cambio climático: los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce; las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático; las metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios implementados para tal fin.
• Protección de la biodiversidad: medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad; impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas.

Imagen: jannoon028